Por Jesús Alfonso Durán.-
Cada vez que un ciudadano carga gasolina en México, hay una pregunta que pocas veces se explica con claridad: ¿qué estamos pagando realmente?
Hoy, en ciudades como Culiacán, el litro de gasolina Magna ronda los 23 a 24 pesos. Pero ese precio no refleja únicamente el costo del combustible. En realidad, casi una tercera parte —y en ocasiones más— corresponde a impuestos.
El componente más importante es el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). A diferencia del IVA, no es un porcentaje, sino una cuota fija por litro que, en términos reales, hoy representa alrededor de 4.5 a 5 pesos por litro ya con estímulos aplicados. A esto se suma el IVA del 16%, que además se cobra sobre el total, incluyendo el propio IEPS. Es decir, se paga impuesto sobre impuesto.
En términos simples: de cada 24 pesos que paga un automovilista, cerca de 8 pesos son impuestos.
Este dato es clave porque el IEPS ha sido, durante años, uno de los pilares de la recaudación federal. Y aquí entra un elemento político que no se puede ignorar.
Durante su etapa como opositor, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de llegar al poder, el precio de la gasolina podría bajar hasta los 10 pesos por litro. Esa afirmación tenía un sustento aritmético en su momento: el precio rondaba los 14 pesos y el IEPS representaba aproximadamente 4 pesos. La lógica era sencilla: eliminando ese impuesto, el precio bajaría de forma significativa.
Sin embargo, ya en el gobierno, la realidad fue distinta. El IEPS nunca desapareció. ¿La razón? Es una de las fuentes más importantes de ingresos públicos, fundamentales para financiar programas sociales y sostener el gasto gubernamental. Quitarlo implicaba abrir un boquete fiscal difícil de cubrir.
Lo que sí ocurrió fue un cambio en la estrategia: en lugar de eliminar el impuesto, se comenzó a utilizar como una herramienta de control de precios. Cuando el petróleo sube a nivel internacional —como ocurre actualmente en un contexto de tensiones globales— el gobierno aplica estímulos al IEPS, es decir, reduce o incluso elimina temporalmente su cobro para evitar que el precio al consumidor se dispare.
Pero este mecanismo no es uniforme. Hoy, por ejemplo, la gasolina Magna recibe subsidios importantes, mientras que la Premium prácticamente no. De ahí la diferencia cada vez más marcada entre ambas.
Esto confirma una realidad: el precio de la gasolina en México no responde únicamente al mercado, sino a decisiones fiscales. El gobierno regula indirectamente cuánto pagamos, no eliminando impuestos, sino administrándolos.
Al final, el ciudadano no solo paga por el combustible, paga también por una parte importante del funcionamiento del Estado. Y aunque el discurso en algún momento apuntó a eliminar esa carga, la práctica demostró que el IEPS no era un exceso… sino una necesidad financiera.
Entender esto no es un tema técnico, es un tema de bolsillo. Porque cada litro que cargamos no solo mueve nuestros vehículos, también sostiene una parte del país.
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