Por: Jesús Alfonso Durán

El Plan B avanza a nivel nacional, pero su impacto real se medirá en los estados. En Sinaloa, la decisión de dejar fuera la revocación de mandato concurrente con la elección de 2027 no es un detalle técnico: es un reacomodo de poder.

Porque si algo estaba en juego con esa figura no era solo la narrativa de la democracia participativa, sino el control político del proceso electoral. Empatar la revocación con la elección habría convertido la jornada en un ejercicio plebiscitario, donde la estructura gubernamental —federal y estatal— tendría una capacidad mayor de movilización, influencia y, sobre todo, de definición de candidaturas.

Sin esa herramienta, el tablero cambia.

El gobernador Rubén Rocha Moya pierde un elemento clave de presión y cohesión interna. No es menor. La posibilidad de que una elección coincidiera con un ejercicio de revocación abría la puerta a alinear al partido en torno a una narrativa de continuidad o respaldo, reduciendo márgenes de disidencia. Hoy, ese escenario se diluye.

¿Qué significa esto en términos prácticos?

Primero, que las candidaturas —particularmente la de gobernador en 2027— tendrán un proceso más abierto, más disputado y menos controlado desde el Ejecutivo estatal. Sin una elección “arrastrada” por una consulta nacional, los aspirantes tendrán que construir su propia fuerza territorial y no depender exclusivamente de la estructura gubernamental.

Segundo, que los grupos internos de Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa ganan margen de maniobra. Senadores, alcaldes, diputados y liderazgos regionales ya no estarán sujetos a una lógica de disciplina total derivada de una coyuntura plebiscitaria. La competencia interna se vuelve más real.

Tercero, que la oposición respira. Partidos como Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano evitan enfrentar una elección con una carga emocional y de movilización inducida desde el poder. Sin revocación concurrente, el terreno es más competitivo, más parejo en términos relativos.

Pero también hay una lectura más fina: el gobernador no pierde el control, pero sí pierde margen.

Sigue teniendo influencia en la definición de candidaturas, en la operación política y en la construcción de alianzas. Sin embargo, esa influencia ya no puede descansar en un contexto electoral extraordinario que favorezca la centralización de decisiones. Tendrá que negociar más, ceder más y construir consensos reales dentro de su partido.

¿Quién gana y quién pierde en Sinaloa?

Ganan los aspirantes con estructura propia, los que tienen base social, presencia territorial y capacidad de movilización independiente. Ganan también los actores políticos que han estado en la antesala del poder y que ahora ven una ventana más abierta para competir.

Pierden los perfiles que dependían exclusivamente del respaldo del Ejecutivo estatal. Aquellos cuya fortaleza radicaba más en la cercanía al poder que en el trabajo político propio hoy enfrentan un escenario más complejo.

Y pierde, en términos estratégicos, la posibilidad de una sucesión tersa y controlada. Lo que se perfilaba como una transición ordenada puede convertirse en una contienda interna más ríspida.

La elección que viene

Rumbo a 2027, Sinaloa se encamina a una elección más competida, más fragmentada y menos predecible. La ausencia de la revocación de mandato concurrente elimina un factor de control político y devuelve peso a lo esencial: territorio, estructura, narrativa y operación.

En otras palabras, la sucesión ya no se definirá solo en el escritorio del gobernador. Se jugará, como antes, en el terreno.

Y eso, para bien o para mal, reconfigura todo.